Dharia destaca que la titularidad en los procedimientos de quiebra se rige por el lenguaje contractual, no por el control en la cadena. Si la letra pequeña establece una relación de custodia o fideicomiso, los clientes conservan la titularidad legal, mientras que la plataforma actúa únicamente como depositaria. Sin embargo, si las condiciones transfieren la titularidad, los clientes pierden la propiedad directa de sus tokens y se quedan con reclamaciones no garantizadas contra una empresa operativa que podría no tener prácticamente ningún activo.
«Celsius mostró cuánto depende todo del papeleo», explica Dharia. «Las cuentas de custodia se devolvieron en gran medida, mientras que los saldos de Earn bajo la misma marca pasaron a ser propiedad de la masa concursal. La redacción suele ser lo bastante ambigua como para que nadie pueda afirmarlo con certeza hasta que se pronuncie un tribunal. Hasta entonces, el control decide los primeros meses de cualquier quiebra, porque quien puede autorizar transacciones fija el calendario, mientras que todos los demás discuten la titularidad».
Este acuerdo expone a los depositantes a una subordinación estructural. Como la entidad que mantiene los activos no tiene obligaciones contractuales directas con los clientes, los depositantes podrían quedar detrás de los acreedores de esa entidad. Su única vía para acceder a los tokens podría ser una reclamación intercompañía contra una sociedad operativa vacía, un crédito que la entidad que mantiene los activos podría impugnar o compensar.
Estrategias legales para recuperar criptoactivos congelados
Cuando se congelan los retiros, los especialistas en recuperación se enfrentan a un conflicto inmediato entre las reclamaciones contractuales contra la entidad operativa con pocos activos y las reclamaciones de propiedad sobre los activos guardados en billeteras digitales.
Para abordar este conflicto, los equipos de recuperación siguen ambas vías al mismo tiempo. Las reclamaciones de propiedad tienen prioridad porque ofrecen una vía directa a los tokens, mientras que las reclamaciones contractuales sirven de respaldo para recuperar deudas intercompañía.
Sin embargo, ningún argumento legal importa si los criptoactivos desaparecen. Para evitar que se transfieran o se mezclen los fondos, los reclamantes deben actuar rápidamente, antes de que la administración inicie por su cuenta los procedimientos de quiebra y en sus propios términos.
«Las principales herramientas son las mismas en la mayoría de las congelaciones de plataformas y todas buscan quitarle el control a la administración antes de que se transfieran los activos», afirma Dharia. «La más contundente es una petición de un acreedor para liquidar la empresa, junto con una solicitud para nombrar a un liquidador provisional, que los tribunales offshore de derecho consuetudinario concederán con poca antelación cuando exista riesgo de que se dispersen los activos. Así, las claves quedan en manos de un administrador independiente antes de una audiencia completa».
Junto con los procedimientos de liquidación provisional, los especialistas en recuperación solicitan órdenes judiciales de congelación dirigidas a billeteras y exchanges, rastrean los fondos mediante órdenes de divulgación y recurren a declaraciones de quiebra conforme al Capítulo 15 de Estados Unidos para evitar que se dispersen los activos entre países.
Levantar el velo corporativo de las plataformas de criptomonedas offshore
Para superar la separación corporativa establecida por las plataformas, los abogados deben demostrar que las entidades operaban, en la práctica, como una sola. En los tribunales offshore, esto puede requerir pruebas de que la separación era una farsa, incluidos firmantes bancarios compartidos, operaciones de tesorería unificadas, transferencias intercompañía no documentadas y campañas de marketing que no mencionaban a la empresa que mantenía los activos.
La diferencia entre establecer un derecho de propiedad directo y tener una reclamación no garantizada crea una brecha de valoración significativa en los mercados secundarios de reclamaciones.
Conforme al Código de Quiebras de Estados Unidos, las reclamaciones no garantizadas generalmente se valoran en dólares estadounidenses a la fecha de presentación de la petición de quiebra. Cuando los precios de las criptomonedas suben durante los procedimientos de quiebra, es posible que los titulares de reclamaciones no garantizadas no puedan beneficiarse de esas ganancias. En cambio, las reclamaciones de propiedad que prosperan pueden establecer la titularidad directa de los tokens, lo que podría permitir a los depositantes recuperar los activos en especie y conservar cualquier apreciación de mercado.
Esta dinámica se complica aún más por las billeteras ómnibus, que agrupan fondos de miles de clientes en direcciones compartidas de la cadena de bloques. Cuando los depósitos se transfieren a estas billeteras, puede perderse el vínculo directo en la cadena entre los depositantes y sus tokens específicos.
Si el libro mayor interno de un exchange no cuadra con sus saldos en la cadena, resulta difícil determinar qué activos pertenecen a cada cliente. En esos casos, las reclamaciones de propiedad podrían fracasar y los depositantes quedarían clasificados como acreedores no garantizados, obligados a repartirse proporcionalmente los activos que queden.
Los límites de la prueba de reservas para proteger a los depositantes
A raíz de los grandes colapsos de plataformas con operaciones transfronterizas, Dharia advierte que herramientas de transparencia populares en el sector, como la prueba de reservas, pueden crear una falsa sensación de seguridad. Mostrar activos en la cadena, sin una conciliación independiente y auditada del total de pasivos, revela poco sobre la solvencia real de una plataforma o la titularidad legal de esos activos.
En última instancia, las estructuras corporativas offshore que utilizan algunas plataformas centralizadas pueden proteger a las entidades afiliadas y dejar a los depositantes minoristas expuestos a pérdidas financieras sustanciales.
«Una estructura que protegiera la propiedad de los clientes sería fácil de reconocer», concluye Dharia. «Los tokens estarían en manos de un custodio regulado, en cuentas segregadas; el libro mayor se conciliaría con la cadena a diario y las condiciones dirían claramente que pertenecen al cliente. Hoy en día, pocas plataformas offshore ofrecen eso. Hasta que lo hagan, la mayoría de sus clientes ni siquiera son titulares de cuentas. Son prestamistas no garantizados a quienes nunca se les informó».