Estados Unidos tiene una Reserva Estratégica de Bitcoin, pero no está autorizada a comprar Bitcoin.

Patrick Witt, exdirector ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales, dijo que la administración necesita la autorización explícita del Congreso para comprar Bitcoin en el mercado abierto para la reserva.

En un pódcast el 9 de noviembre de 2026, Witt estableció un límite legal claro a una de las expectativas favoritas de la industria cripto: que el gobierno federal se convertiría en un comprador constante y con grandes recursos.

Comprador dispuesto, cartera bloqueada

Según Witt, el presidente Donald Trump sigue interesado en adquirir Bitcoin para la reserva.

El obstáculo es una disposición añadida a la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Esto significa que las compras en el mercado abierto requerirían la aprobación explícita del Congreso y plantea la cuestión de si comprar sin esa aprobación sería legal.

La Orden Ejecutiva 14233 estableció la reserva el 6 de marzo de 2025. Está diseñada para conservar Bitcoin que el gobierno obtiene mediante decomisos federales, en lugar de monedas que compra.

La orden también instruyó a los departamentos del Tesoro y de Comercio a explorar estrategias de adquisición que fueran neutrales en cuanto al costo, es decir, que no aumentaran el costo para los contribuyentes. Hasta la fecha no se han realizado compras de este tipo.

Las estimaciones de las tenencias de Bitcoin del gobierno oscilan entre 200000 y 328000 BTC, adquiridos principalmente mediante incautaciones.

El Congreso tiene un proyecto de ley. No es una ley.

La legislación relacionada con la reserva está avanzando. La Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense, H.R. 8957, fue aprobada por la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 16 de septiembre de 2026.

La votación fue de 28 a 21, dividida según las líneas partidistas.

El proyecto de ley se centra en gran medida en las operaciones. Abarca la custodia, establece un período de tenencia de Bitcoin de 20 años y exige informes anuales de transparencia.

La medida no ha sido aprobada ni por el pleno de la Cámara de Representantes ni por el Senado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene la autoridad final sobre el futuro de la reserva. Por ahora, los esfuerzos se centran en la infraestructura de custodia y el cumplimiento legal, no en nuevas adquisiciones.

Por qué no basta con una orden ejecutiva

Witt también destacó el desafío político de hacer permanente la reserva en un Congreso dividido. La cuestión central es su permanencia.

Una futura administración podría revocar una orden ejecutiva de un plumazo. Una reserva fundada en una orden ejecutiva solo es tan segura como el resultado de las próximas elecciones.

La legislación cambiaría esa ecuación. Derogar una ley requeriría otro acto del Congreso, un obstáculo mucho mayor que el que supone que un nuevo presidente emita una nueva orden.

Entre las opciones con neutralidad presupuestaria analizadas hasta ahora figuran la revaluación del oro y las conversiones de activos. Ambas requerirían un análisis y una actuación adicionales del Tesoro antes de que pudiera ocurrir algo.

La revaluación del oro implicaría actualizar el valor contable de las tenencias de oro del gobierno, lo que podría liberar valor contable para otros usos. Las conversiones de activos intercambiarían tenencias existentes por Bitcoin. Ninguna de las opciones ha avanzado más allá de la etapa exploratoria.

Qué podría significar esto para el mercado y la reserva

Para los inversores, los comentarios de Witt moderan una expectativa muy extendida. La idea de que Washington se convierta en un comprador activo de Bitcoin ha circulado desde que se anunció la reserva, pero ese resultado requeriría medidas en el Capitolio.

Los principales acontecimientos que hay que seguir están claros. Primero, si H.R. 8957 llega a votarse en el pleno de la Cámara de Representantes y, de ser así, qué forma adopta el proyecto de ley.

Segundo, si el Tesoro, bajo la dirección de Bessent, impulsa alguna opción con neutralidad presupuestaria más allá de la etapa de análisis. Los avances en la revaluación del oro o en las conversiones de activos serían la primera señal concreta de que las adquisiciones vuelven a estar en consideración.

Tercero, si los legisladores abordan directamente la disposición de la NDAA. Una autorización explícita para realizar compras sería un paso mucho mayor que cualquier medida incluida actualmente en H.R. 8957, ya que ese proyecto de ley se centra en las normas de custodia y tenencia.

Witt también señaló el riesgo político a largo plazo: si la reserva sigue basándose únicamente en una orden ejecutiva, una futura administración podría modificarla o disolverla.