Los demócratas han ganado el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de EE. UU., lo que les da una mayor influencia sobre la dirección de la regulación de las criptomonedas.

Cómo afecte eso a la industria dependerá de su enfoque sobre la legislación de activos digitales, la supervisión del Congreso y las negociaciones con la Casa Blanca, según líderes del sector cripto.

George Varghese, director de inversiones de 0G Labs, afirmó que el cambio en el control del Congreso podría traer un escrutinio más estricto de la SEC y la CFTC, al tiempo que desplaza el enfoque de la regulación estadounidense de activos digitales hacia la protección de los inversores, la custodia y los conflictos de interés.

“Eso no es necesariamente negativo para la adopción institucional. Los grandes inversores pueden operar dentro de marcos regulatorios exigentes”, dijo Varghese a Crypto Briefing.

“Lo que les cuesta valorar es la incertidumbre sobre qué regulador tiene jurisdicción y si las normas sobrevivirán a la próxima administración. El riesgo mayor es otros dos años de fragmentación regulatoria mientras el capital y la innovación siguen fluyendo hacia jurisdicciones con condiciones más predecibles”, afirmó.

Varghese dijo que la Ley CLARITY, que no avanzó en el Senado tras una votación de 49-50 en septiembre y requiere apoyo demócrata para aprobarse, podría enfrentar nuevas negociaciones en 2027, cuando los legisladores revisen la protección al consumidor, los conflictos de interés y los papeles respectivos de la SEC y la CFTC.

Afirmó que un marco más acotado que aborde la custodia, la clasificación de tokens y la actividad en el mercado secundario podría ser más factible que un proyecto de ley integral.

“Retrasar tiene un costo competitivo. El capital ya mira los activos tokenizados, la computación descentralizada y la infraestructura de IA como mercados invertibles. Si los responsables políticos estadounidenses pasan otro año debatiendo la jurisdicción, la tecnología subyacente y las oportunidades de inversión no esperarán a Washington”, advirtió.

Aunque los resultados electorales y otros acontecimientos políticos pueden provocar volatilidad inmediata en los mercados cripto, Varghese dijo que los factores macroeconómicos desempeñan un papel mayor en el rendimiento a largo plazo. Las tasas de interés, la liquidez en dólares, las condiciones crediticias y el apetito de riesgo institucional determinan la cantidad de capital disponible para sostener los movimientos del mercado.

Añadió que los inversores distinguen cada vez más entre los activos especulativos y la infraestructura con adopción medible, incluidas las redes descentralizadas de IA, cuyo uso de cómputo y economía operativa pueden evaluarse.

Los ejecutivos cripto también se preparan para posibles restricciones al rendimiento de las stablecoins bajo un Congreso controlado por los demócratas, y la próxima ronda de legislación cripto en EE. UU. probablemente enfrentará requisitos más estrictos, según Raj Kamal, fundador y CEO de TransFi.

“La fecha más significativa para los pagos es el 18 de enero de 2027, cuando la Ley GENIUS entra en vigor junto con la regla final de la OCC. A partir de entonces, emitir una stablecoin de pago en EE. UU. requerirá una licencia federal o estatal, con normas de reserva y reembolso asociadas. Ese marco ya es ley, sea cual sea el resultado”, afirmó Kamal.

Dijo que las normas tendrán un impacto más inmediato en las empresas que manejan pagos transfronterizos que las negociaciones legislativas más amplias.

En el lado del mercado, Bitcoin ha caído históricamente en el cuarto trimestre de los años de mitad de mandato, con pérdidas del 43,5 % en 2018 y del 14,8 % en 2022, señaló Kamal. Sin embargo, sostuvo que la estructura del mercado de este año es distinta, con los ETF al contado y las tesorerías corporativas desempeñando un papel mayor en la demanda.

“El lado en dólares del mercado también parece más sólido. La oferta de stablecoins se sitúa en torno a 300 000 millones de dólares, a aproximadamente un 6 % de su máximo de mayo. Eso indica que la actividad de liquidación sigue su propio ciclo, y esperaría que cualquier caída posterior a las elecciones fuera menos pronunciada que en 2018 o 2022”, dijo el director de TransFi.