La autoridad fiscal fija en el 31,4 % el tipo fijo predeterminado sobre las ganancias de criptomonedas de los inversores particulares, compuesto por un 12,8 % de impuesto sobre la renta y un 18,6 % de gravámenes sociales. Ese tipo se aplica a las ganancias, no al valor total intercambiado. Los inversores pueden optar en su lugar por la escala progresiva del impuesto sobre la renta, y se mantendría la exención actual para los ingresos anuales por enajenación que no superen los 305 euros.
Los tokens de una sola moneda son el objetivo
La enmienda apunta específicamente a los intercambios en los que el vendedor recibe «tokens de dinero electrónico», tal como los define el artículo 3 del reglamento de la UE sobre los mercados de criptoactivos, o derechos relacionados. MiCA define esos tokens como criptoactivos que buscan mantener un valor estable tomando como referencia una moneda oficial.
Por tanto, la redacción abarca las stablecoins vinculadas a una sola moneda, no todos los tokens comercializados como estables. Utiliza la definición de activo de MiCA, en lugar de establecer como condición la autorización del emisor. Los intercambios por otros criptoactivos seguirían aplazando la tributación cuando no hubiera ningún ajuste en efectivo.
La propuesta también cambia el cálculo de las ganancias imponibles. Se calcularían restando el coste de adquisición de los activos vendidos al producto de la enajenación, con un coste medio ponderado de adquisición para los tokens del mismo tipo comprados a distintos precios. Esto sustituiría la fórmula actual, que se basa en el coste de adquisición y el valor de toda la cartera de criptomonedas del inversor.
El Gobierno se opone al cambio
La exposición de motivos de Sansu sostiene que las conversiones a stablecoins deberían perder el aplazamiento de la tributación porque los tokens pueden utilizarse para pagos y nuevas inversiones.
Durante el debate, el ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, pidió a los legisladores que retiraran la medida y afirmó que su aplicación sería demasiado compleja en su forma actual. Pidió que se siguiera trabajando en la definición de las stablecoins y en el seguimiento de las reasignaciones dentro de las carteras de criptomonedas. No obstante, la Asamblea la aprobó.
El proyecto de ley sigue en su primera lectura en la Asamblea. Antes de que el cambio pueda convertirse en ley, aún se requieren más deliberaciones parlamentarias, incluido el examen del Senado, así como la aprobación definitiva y la promulgación.
El calendario presupuestario publicado por la Asamblea fija para el 20 de octubre la votación sobre la primera parte del proyecto de ley y para el 17 de noviembre la votación sobre el proyecto de ley completo.
