El defensor de la privacidad Harry Halpin dijo a Decrypt que las «incautaciones de servidores por motivos políticos» sientan un «precedente aterrador». Además, un experto legal cuestionó si los neerlandeses habían considerado su derecho legal a negarse.

Halpin, director ejecutivo de Nym, una empresa de infraestructura de privacidad, dijo a Decrypt que, en su opinión, la administración Trump había apuntado a los servidores de Autistici/Inventati «por sus creencias políticas», y añadió: «El hecho de que las autoridades neerlandesas hayan cooperado con ellos para cerrar un servidor significa que Países Bajos no es más que una colonia de Estados Unidos».

Estados Unidos designó a Autistici/Inventati como «Terrorista Global Especialmente Designado» en agosto, alegando que opera la «infraestructura digital de células violentas de Antifa y otros militantes de extrema izquierda».

La designación impide que personas y organizaciones con sede en Estados Unidos hagan negocios con ellos. A raíz de ello, Autistici/Inventati se disolvió, mientras sus usuarios y donantes afrontaban posibles repercusiones.

Un experto legal dijo que la designación no tiene validez en Países Bajos y que se ejerció otra facultad legal.

«Un agente del FBI en Ámsterdam tiene más o menos las facultades de un turista», dijo a Decrypt Yuriy Brisov, abogado y socio de Digital & Analogue Partners. «Así que los Estados se piden permiso entre sí. Para Estados Unidos y los Estados de la UE, el reglamento que rige estas solicitudes es un Tratado de Asistencia Legal Mutua, o MLAT, firmado en La Haya en 1981».

Brisov explicó que todo se hace «conforme a la legislación neerlandesa, por funcionarios neerlandeses y con facultades neerlandesas», pero enteramente a petición de Estados Unidos. Por ese motivo, dijo, fueron las autoridades neerlandesas, y no las estadounidenses, las que incautaron el servidor.

Los fiscales se rigen por un «principio de confianza», dijo el experto legal a Decrypt, lo que significa que no evalúan si la incautación es proporcional ni si la investigación estadounidense realmente necesita el material.

Sin embargo, dijo Brisov, los neerlandeses podrían optar por rechazar la solicitud si «perjudica sus intereses esenciales, se refiere a un delito político o constituye una doble incriminación». La incautación también solo está permitida si la conducta presuntamente delictiva constituye un delito en ambos países y conlleva una pena de más de un año de prisión.

Es importante señalar que designar a un grupo como Terrorista Global Especialmente Designado no requiere una condena ni que un tribunal examine el caso, añadió Brisov, y ni el gobierno neerlandés ni la Unión Europea siguieron la designación estadounidense.

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«Este es el problema neerlandés: la solicitud se basa en la etiqueta que le puso Washington, pero Países Bajos no la comparte», dijo Brisov a Decrypt, y cuestionó si «alguien en La Haya planteó la cuestión del delito político», que la legislación neerlandesa reserva personalmente al ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel. «Normalmente, los proveedores de alojamiento en internet no son responsables de lo que hacen sus usuarios», señaló Brisov, y añadió que esta norma está recogida tanto en la legislación estadounidense como en la legislación de la UE, mediante la Ley de Servicios Digitales.

Halpin dijo a Decrypt que la solicitud debería haberse examinado con detenimiento debido a su carácter político.

«Cualquier país que crea en la soberanía debería oponerse a las incautaciones de servidores por motivos políticos», dijo. «Esto demuestra que la única manera de resistir los ataques de Estados nación contra la infraestructura digital es una estructura que abarque múltiples jurisdicciones y tenga una verdadera descentralización, como han intentado crear muchos proyectos de cadena de bloques».