La reversión es inusual, por decir lo menos, porque ambas decisiones provinieron de administraciones encabezadas por el mismo presidente.
Sin embargo, lo más interesante es lo que ocurrió entre ambas, mientras Washington pasó años intentando decidir cuánta información debían recopilar las instituciones financieras sobre las personas que usan criptomonedas sin depender de un banco o una plataforma de intercambio para custodiar su dinero.
Lo que comenzó como un intento de extender las normas bancarias al sector cripto terminó convirtiéndose en un debate mucho más amplio sobre la privacidad financiera y obligó a los reguladores a afrontar una diferencia básica entre ambos sistemas: los bancos suelen saber quién es titular de una cuenta, mientras que las cadenas de bloques públicas pueden registrar transacciones sin identificar a las personas que controlan las billeteras implicadas.
La billetera que Washington no podía identificar
La propuesta original se refería a lo que FinCEN, la oficina del Tesoro responsable de hacer cumplir los requisitos de reporte sobre delitos financieros, denominaba billeteras sin custodia, es decir, billeteras cuyos propietarios controlaban sus propias claves privadas y podían enviar o recibir criptomonedas sin que una institución financiera autorizara la transacción.
Para los usuarios, estas billeteras no tenían nada de particularmente nuevo o inusual, porque tener las propias claves había sido uno de los rasgos distintivos de las criptomonedas desde el principio.
Pero para los reguladores, acostumbrados a recopilar información de los bancos, planteaban un problema que se volvió mucho más complejo a medida que las criptomonedas se generalizaban.
Los bancos conocen la identidad de sus clientes, guardan registros de sus transacciones y, por ley, deben proporcionar información a las autoridades. Las plataformas de intercambio de criptomonedas hacen lo mismo con sus usuarios, pero, una vez que esos activos pasan a una billetera controlada de forma privada, la institución pierde el control sobre la persona que los tiene.
La cadena de bloques puede mostrar que se realizó una transacción, cuándo ocurrió, cuánto se transfirió y qué direcciones participaron, pero esas direcciones no revelan los nombres ni la ubicación física de sus propietarios.
El Tesoro quería cerrar parte de esa brecha extendiendo los requisitos de reporte y mantenimiento de registros a través de las instituciones financieras que gestionaban transacciones relacionadas con esas billeteras.
Según la propuesta de diciembre de 2020, los bancos y las empresas de servicios monetarios, incluidas las plataformas de intercambio de criptomonedas sujetas a la norma, habrían tenido que reportar ciertas transacciones superiores a $10,000, incluidas varias transacciones que, en conjunto, superaran esa cantidad en un periodo de 24 horas.
Las transacciones superiores a $3,000 habrían activado requisitos adicionales de mantenimiento de registros, incluida la recopilación del nombre y la dirección física de la contraparte del cliente.
La institución habría tenido que verificar la identidad de su propio cliente, aunque la propuesta no imponía el mismo requisito de verificación obligatoria a la contraparte cuya información recopilara.
Aunque esto podría parecer una distinción menor, generaba muchos problemas prácticos.
Pensemos en alguien que utiliza una plataforma de intercambio de criptomonedas para enviar $5,000 a un diseñador independiente que recibe pagos a través de una billetera que controla por su cuenta.
La cadena de bloques necesita la dirección de la billetera del diseñador para entregar los fondos, pero, según los requisitos propuestos, la plataforma también podría haber necesitado el nombre y la dirección física del diseñador para sus registros, aunque esa persona nunca hubiera abierto una cuenta en la plataforma ni aceptado convertirse en cliente suyo.
Retirar criptomonedas a la propia billetera habría sido más sencillo porque ya se sabía quién controlaba la dirección receptora, pero pagarle a otra persona podría haber exigido recopilar información innecesaria para que la transacción funcionara.
De otro modo, esa información quizá no habría estado disponible para la plataforma de intercambio.
La propuesta no habría prohibido la autocustodia ni exigido que las personas registraran ante el gobierno sus billeteras de control privado, y tampoco habría impuesto directamente estos nuevos requisitos de reporte a todas las transacciones entre dos personas que usaran sus propias billeteras.
En cambio, habría hecho responsables a las empresas reguladas de recopilar más información cuando ciertas transacciones pasaran entre sus servicios y billeteras fuera de su control.
Ese era el tema central para los defensores de la privacidad, porque el gobierno no necesitaba controlar la billetera de alguien si podía exigir a la institución financiera del otro extremo de una transacción que recopilara información identificativa sobre quien la usaba.
En su anuncio del 18 de diciembre, Mnuchin sostuvo que la propuesta ayudaría a cerrar las brechas que los delincuentes utilizan para eludir los requisitos de reporte financiero, y mencionó el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones y otras amenazas a la seguridad nacional.
La propia norma propuesta citaba transacciones relacionadas con billeteras asociadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte, incluidas al menos 17 transferencias superiores a $10,000 entre instituciones financieras estadounidenses y billeteras vinculadas al grupo durante 2017 y 2018.
Los reguladores consideraban que esta era la razón por la que la posibilidad de mover fondos fuera de la supervisión directa de una institución financiera complicaba las investigaciones, especialmente cuando la misma tecnología utilizada para pagos corrientes también podía servir para mover fondos robados o ganancias de ataques de ransomware.
Pero los defensores de la privacidad, por su parte, no creían que esos riesgos justificaran exigir a las instituciones que recopilaran información personal sobre todas las personas que participaran en transacciones superiores a un umbral determinado.
El desacuerdo giraba en torno a hasta dónde debían extenderse las obligaciones concebidas para los intermediarios financieros cuando las transacciones involucraban a personas que habían optado por no utilizar un intermediario.
Quince días para comentar, años sin una norma definitiva
La rapidez de la propuesta original se convirtió en una polémica casi en cuanto el Tesoro la anunció.
FinCEN publicó los requisitos propuestos en el Registro Federal el 23 de diciembre de 2020, con comentarios inicialmente previstos hasta el 4 de enero de 2021, lo que dejó al mercado la tarea de examinar un complejo conjunto de nuevas obligaciones durante un período en que muchas empresas operaban con personal reducido.
La agencia sostuvo que la breve consulta estaba justificada por urgentes preocupaciones de seguridad nacional, incluida la posibilidad de que retrasar los requisitos diera más tiempo a actores ilícitos para trasladar activos fuera de instituciones reguladas.
Coin Center, una organización de defensa de políticas sobre criptomonedas, objetó el calendario, pero también trazó una distinción que el debate más amplio sobre la propuesta pasó en gran medida por alto.
En su respuesta inicial, el grupo reconoció que aplicar a las criptomonedas conceptos de declaración ya utilizados para grandes transacciones en efectivo las favorecería, porque retirar 10000 dólares en activos digitales de un exchange podía compararse con retirar una cantidad similar de efectivo de un banco.
Sus principales objeciones se referían a la información adicional sobre la contraparte y al poco tiempo disponible para examinar cómo funcionarían esos requisitos, especialmente cuando el destinatario no era otra persona con una cuenta convencional, sino un software o una estructura de transacción sin un nombre o una dirección física evidentes.
Estas cuestiones no podían resolverse necesariamente añadiendo otro campo a un formulario de retiro, porque la información que se esperaba que recopilaran los exchanges no siempre estaba en poder de sus clientes.
Para el 14 de enero de 2021, FinCEN dijo que había revisado más de 7500 comentarios y reabrió la consulta, ofreciendo otros 15 días para comentar las disposiciones sobre informes y 45 días para comentar otros requisitos.
Menos de dos semanas después, tras la llegada de Biden a la presidencia, la agencia volvió a extender el proceso y fijó un único plazo de 60 días a partir de la extensión.
La administración que había presentado la propuesta ya no estaba, y la norma que el Tesoro había querido que se examinara con tanta rapidez entraba ahora en un proceso regulatorio mucho más largo.
Pero nunca se convirtió en ley.
Durante la presidencia de Biden, la propuesta siguió formando parte de los antecedentes regulatorios del gobierno sin dar lugar al nuevo sistema de informes que el Tesoro de Mnuchin había previsto originalmente, y para la agenda regulatoria de la primavera de 2024 su estado había cambiado.
La Agenda Unificada del gobierno incluyó la propuesta sobre las billeteras entre las «acciones completadas» y la registró como «retirada» el 12 de abril de 2024, más de dos años antes de que FinCEN publicara el aviso formal de retirada en octubre de 2026.
Eso cambia cómo debe entenderse la decisión final.
El aviso del Registro Federal de octubre de 2026 fue una medida formal independiente que retiró explícitamente la propuesta original y confirmó que FinCEN no tomaría ninguna otra medida al respecto.
Los documentos públicos acreditan esos dos hitos administrativos, aunque no explican por qué el aviso formal llegó más de dos años después de la designación anterior en la agenda.
Como resultado, los requisitos adicionales propuestos en 2020 nunca entraron en vigor, mientras que el debate sobre políticas que los había originado continuó en otros ámbitos de Washington.
Otra propuesta vuelve a plantear la misma cuestión de privacidad
En octubre de 2023, cuando la propuesta original sobre billeteras se acercaba a su última aparición en la agenda regulatoria, FinCEN abrió otro procedimiento que volvió a poner sobre la mesa muchas de las mismas preocupaciones.
Esta vez, el gobierno examinaba la mezcla de criptomonedas, un conjunto de técnicas usadas para dificultar la vinculación de transacciones y el seguimiento del movimiento de fondos en una blockchain.
La mezcla puede ocultar ganancias delictivas, lo que constituye desde hace tiempo una preocupación para las fuerzas del orden, pero también puede servir para fines cotidianos de privacidad en redes cuyos historiales de transacciones son visibles públicamente.
Por ejemplo, alguien que recibe un pago en Bitcoin quizá no quiera que quien lo paga examine otras transacciones vinculadas a su billetera, calcule cuánto dinero tiene o identifique actividades financieras no relacionadas.
Las empresas pueden tener motivos similares para impedir que sus competidores vean los pagos a proveedores o empleados.
A los reguladores les costaba distinguir esos usos legítimos de las mismas técnicas utilizadas para ocultar fondos robados o evadir sanciones.
FinCEN quería utilizar las facultades previstas en la Sección 311 de la Ley USA PATRIOT para imponer requisitos adicionales de declaración y conservación de registros a las instituciones financieras cubiertas que gestionaran ciertas transacciones relacionadas con la mezcla internacional de criptomonedas.
La propuesta difería de la norma de 2020 sobre billeteras tanto por su autoridad legal como por las transacciones que abarcaba, pero su amplia definición de mezcla planteaba nuevas preguntas sobre cuánta actividad cotidiana podía quedar sujeta a vigilancia financiera.
La definición iba más allá de los servicios especializados de mezcla e incluía técnicas como dividir transferencias, mover fondos a través de varias direcciones e intercambiar distintos activos digitales cuando esas actividades se usaban para ocultar detalles de las transacciones.
Los críticos argumentaron que una definición que abarcara tantas actividades podría llevar a los exchanges y otras instituciones a tratar transacciones legítimas como sospechosas simplemente porque eran difíciles de interpretar, sobre todo cuando las instituciones se enfrentaban a posibles consecuencias por incumplimiento si no identificaban actividades comprendidas en la definición.
Las dos propuestas nunca formaron parte de una sola regulación, pero mostraban el mismo problema de fondo.
La propuesta de 2020 intentaba recopilar más información de identificación cuando el dinero se movía fuera de instituciones reguladas, mientras que la propuesta de 2023 buscaba exigir más informes cuando las transacciones utilizaban métodos que dificultaban seguir el movimiento de los fondos.
En ambos casos, el gobierno intentó abordar riesgos reales de delitos financieros por medio de intermediarios que ya tenían obligaciones de informar, mientras que los opositores argumentaban que recopilar más información también podía socavar la privacidad financiera legítima.
Washington comienza a cambiar de postura
Para cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el enfoque de su administración hacia las criptomonedas difería marcadamente del que adoptó en las últimas semanas de su primer mandato.
Las criptomonedas se habían convertido en una fuerza política y financiera mucho mayor, y la nueva administración hizo de los activos digitales una prioridad económica, haciendo hincapié en mantener empresas y desarrolladores en EE. UU. y reducir la incertidumbre regulatoria.
En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que estableció el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados de Activos Digitales y le encargó revisar la política federal y recomendar cambios.
El informe del grupo de trabajo, publicado en julio de 2025, abordó una amplia gama de cuestiones relacionadas con la regulación de los mercados, las monedas estables, la custodia, los impuestos y la privacidad financiera.
Su postura sobre la autocustodia y la privacidad marcó un cambio significativo respecto del lenguaje que utilizó el Tesoro de Mnuchin en diciembre de 2020.
El informe respaldó la capacidad de los usuarios legítimos de activos digitales para realizar transacciones de forma privada en cadenas de bloques públicas, aunque reconoció la responsabilidad del gobierno de investigar el lavado de dinero y otros delitos.
El informe también reconoció que los mezcladores podían favorecer una privacidad legítima, aunque los delincuentes podían usar las mismas herramientas para ocultar y blanquear fondos.
Esto ofreció una manera distinta de abordar el equilibrio entre la transparencia financiera y la capacidad de la gente común para mantener sus transacciones privadas.
El cambio se hizo más evidente en marzo de 2026, cuando un informe del Tesoro al Congreso reconoció explícitamente que los usuarios legítimos de criptomonedas podían usar mezcladores para proteger información sobre su patrimonio personal, pagos comerciales, donaciones benéficas y gastos de consumo.
El Tesoro empezó a distinguir de forma más deliberada entre las herramientas de privacidad en sí y las actividades ilícitas que podían llevarse a cabo con ellas.
El gobierno no había dejado de considerar el lavado de dinero un riesgo grave, pero reconocía que una persona podía tener motivos legítimos para hacer una transacción más privada, especialmente en una cadena de bloques pública, donde los datos de las transacciones pueden permanecer visibles indefinidamente.
Esa distinción proporcionó el contexto normativo para las decisiones que FinCEN anunció el 5 de octubre.
En avisos publicados en el Registro Federal al día siguiente, la agencia retiró formalmente tanto la propuesta de 2020 sobre billeteras no alojadas como la propuesta de 2023 sobre la mezcla de criptomonedas.
El aviso sobre billeteras vinculó la retirada con la política de activos digitales de la administración Trump y afirmó que FinCEN no tomaría ninguna otra medida respecto de la propuesta presentada durante el primer mandato de Trump.
El aviso sobre la mezcla fue más allá al abordar el fondo de las objeciones y reconocer que la definición propuesta podía desalentar actividades legítimas y generar una carga significativa de presentación de informes para las instituciones financieras.
FinCEN también dejó claro que seguía reconociendo los usos ilícitos de la mezcla y que vigilaría esa actividad en busca de indicios de lavado de dinero, financiación del terrorismo y otros delitos financieros, sin descartar la posibilidad de tomar medidas en el futuro.
Coin Center, que se había opuesto a ambas propuestas, celebró las retiradas como una gran victoria para la privacidad y argumentó que el gobierno había abandonado requisitos que habrían ampliado la recopilación de información financiera sensible, incluida información sobre personas que no eran clientes de instituciones reguladas.
El resultado fue la expresión formal más clara del cambio de postura de la administración, aunque la historia de la propuesta sobre billeteras mostró que el cambio se produjo a lo largo de varios años y no mediante una sola decisión.
La privacidad gana una batalla, pero las reglas que la rodean siguen vigentes
La retirada de las dos propuestas no significa que los exchanges puedan dejar de recopilar información de los clientes ni que las transacciones de criptomonedas estén exentas de los requisitos vigentes contra los delitos financieros.
Los bancos y las empresas de criptomonedas comprendidas en la normativa siguen sujetos a los programas aplicables contra el lavado de dinero, los requisitos de identificación y verificación de clientes, el mantenimiento de registros de transacciones, la presentación de informes sobre actividades sospechosas y otras obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario.
Las decisiones de octubre tampoco cambian la situación jurídica de casos penales distintos relacionados con herramientas de privacidad de criptomonedas, en los que las cuestiones sobre transmisión de dinero, sanciones y lavado de dinero pueden estar sujetas a leyes independientes de las propuestas que FinCEN retiró.
Esa distinción quedó patente en el proceso penal que sigue en curso contra Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, en el que los fiscales federales llevaron adelante el caso mientras el Tesoro abandonaba su régimen de declaración propuesto para las operaciones de mezcla.
Por lo tanto, la disposición del gobierno a reconocer usos legítimos de la tecnología de privacidad no demuestra que todos los servicios que ofrecen esa tecnología sean legales ni que las personas que los operan estén protegidas de las leyes penales vigentes.
Para los usuarios comunes de billeteras, el efecto inmediato de los retiros también es más limitado de lo que podría sugerir su importancia política. Ninguna de las propuestas había llegado a convertirse en una norma implementada, así que no había ningún nuevo sistema de declaración que desmantelar ni ningún requisito vigente de ninguna de las dos propuestas que los exchanges dejaran de cumplir repentinamente en octubre de 2026.
Lo que cambió fue la postura formal del gobierno respecto de dos intentos concretos de ampliar las obligaciones de declaración a ámbitos de la actividad con criptomonedas que eran difíciles de observar para las instituciones financieras.
Es una diferencia importante porque la privacidad financiera no depende de una sola propuesta, y la ausencia de requisitos adicionales de declaración no impide que los exchanges recopilen información conforme a otras leyes, supervisen las transacciones para detectar actividad sospechosa o respondan a solicitudes legales de las autoridades.
Al mismo tiempo, la historia de estas propuestas muestra lo difícil que ha sido para Washington decidir dónde deberían terminar esas obligaciones.
Durante décadas, gran parte del sistema estadounidense de declaración financiera ha dependido de instituciones que custodian el dinero de los clientes y llevan registros de lo que estos hacen con él.
Las criptomonedas introdujeron un sistema en el que las personas podían custodiar y transferir valor directamente, dejando a la vez un registro público permanente de las transacciones que no necesariamente identificaba a las personas que estaban detrás de ellas.
La primera administración Trump intentó incorporar más de esas transacciones al marco de declaración existente, al exigir a las instituciones reguladas que recopilaran información adicional sobre las personas y las billeteras del otro lado de las operaciones.
La administración Biden propuso otra forma de ampliar la visibilidad financiera cuando las transacciones empleaban técnicas que ocultaban el movimiento de fondos, aunque la propuesta anterior sobre billeteras ya se había retirado cuando Biden dejó el cargo.
La segunda administración Trump cerró formalmente ambos procedimientos, lo que refleja una política que dio más peso a las razones legítimas para proteger la privacidad financiera, sin abandonar las iniciativas vigentes para combatir la actividad ilícita.
Los retiros son una victoria para la industria de las criptomonedas, aunque la administración que defiende la privacidad financiera también ha encontrado una forma increíblemente rentable de participar en el sector.
La familia Trump obtuvo, según estimaciones, 2.3 mil millones de dólares en ganancias antes de impuestos con iniciativas de criptomonedas entre finales de 2024 y abril de 2026, entre ellas World Liberty Financial y la memecoin TRUMP, mientras que más de un millón de inversores externos registraron pérdidas de aproximadamente 2.3 mil millones de dólares, tanto realizadas como no realizadas.
La familia arriesgó poco de su propio dinero y recaudó ingresos de las ventas de tokens y los acuerdos comerciales, mientras los compradores asumían las pérdidas. Las criptomonedas han sido muy, muy, muy buenas para los Trump, aunque han sido bastante menos generosas con quienes compran sus tokens.
Nada de esto demuestra que FinCEN retirara las propuestas para enriquecer a la familia del presidente, y la defensa de la privacidad financiera se sostiene independientemente de quién la apoye.
Pero es imposible ignorar el conflicto de intereses cuando la familia que gana miles de millones con las criptomonedas también dirige la administración que decide cómo regular el sector.
Hay cierta ironía en que Washington haya pasado seis años debatiendo cuánta información personal necesita sobre quienes usan billeteras de criptomonedas, para que una de las preguntas más apremiantes termine siendo cuánto dinero gana con las criptomonedas la familia que vive en la Casa Blanca.
El resultado es un cambio de rumbo que tardó casi seis años en llegar a una conclusión formal, pero también nos recuerda que la pregunta central no ha desaparecido junto con las propuestas.
Las cadenas de bloques públicas hacen visibles las transacciones, las instituciones financieras permiten identificar a los clientes y los reguladores todavía están decidiendo cuánta información debería conectar esos dos sistemas cuando alguien elige custodiar y usar su propio dinero.
Ese debate comenzó mucho antes de la propuesta navideña de Mnuchin, y retirar la norma no significa que Washington haya terminado de abordarlo.
