Los cambios se producen mientras las tenencias de criptomonedas aparecen cada vez más en los procedimientos de recuperación de deudas en Corea del Sur, lo que lleva a las autoridades a establecer procedimientos uniformes para activos que pueden transferirse rápidamente sin depender de intermediarios financieros tradicionales.

Los exchanges de criptomonedas afrontan nuevas obligaciones bajo las normas de recuperación de deudas

En virtud del marco, los acreedores que buscan el pago de una deuda con criptomonedas depositadas en exchanges pueden obtener órdenes judiciales que embarguen el derecho del deudor a recibir esos activos.

Una vez notificada la orden de embargo, el exchange u otro custodio debe impedir que los activos cubiertos se transfieran al deudor, a quien también se le prohíbe disponer del crédito o recibir las criptomonedas.

Los acreedores también pueden solicitar a los tribunales que obliguen a los custodios a revelar información sobre las tenencias objeto de la medida en el plazo de una semana desde que reciban la orden.

La información requerida incluye si el custodio reconoce el crédito del deudor, el tipo y la cantidad de criptomonedas en poder del custodio y si otros acreedores tienen reclamaciones existentes o derechos de prelación sobre los activos.

La obligación de divulgación se aplica cuando los acreedores la solicitan mediante el procedimiento judicial establecido, lo que les permite identificar activos disponibles para el pago y posibles reclamaciones competidoras.

En el caso de criptomonedas que los deudores tienen directamente, los tribunales pueden prohibir las transferencias y ordenar que los activos se entreguen a un agente de ejecución.

Las normas permiten que esa transferencia se realice antes de que la orden de embargo se notifique formalmente al deudor. Si el agente recibe primero las criptomonedas, el embargo entra en vigor en el momento de la recepción.

Sin embargo, la ejecución contra activos bajo autocustodia podría seguir siendo difícil cuando los deudores controlan las claves privadas necesarias para autorizar transferencias.

Una vez que los acreedores embargan las criptomonedas, pueden solicitar órdenes judiciales adicionales para recuperar su valor.

Los jueces pueden autorizar transferencias a los acreedores con valoraciones determinadas por el tribunal o instruir a los agentes de ejecución para que gestionen ventas a través de proveedores de servicios de activos virtuales.

En el caso de las criptomonedas depositadas en exchanges, las normas también permiten realizar ventas a través del custodio existente, transferir los activos a cuentas controladas por agentes de ejecución o convertirlos en activos que puedan liquidarse más fácilmente.

Las ventas deben realizarse al precio de mercado vigente en la fecha de la transacción o con otra valoración adecuada, lo que establece un proceso definido para activos cuyos precios pueden fluctuar bruscamente durante los procedimientos de ejecución.

Los deudores conservan la posibilidad de apelar las decisiones que autorizan transferencias o ventas de activos, las cuales solo surten efecto una vez que son definitivas. La normativa también establece procedimientos para restituir los activos cuando se retira o anula la ejecución.

El Tribunal Supremo dijo que las enmiendas buscan mejorar la seguridad jurídica y la coherencia a medida que los tribunales tramitan un número creciente de casos de ejecución relacionados con criptomonedas.

La entrada en vigor el 1 de noviembre también abarcará los procedimientos que ya estén ante los tribunales, y las órdenes de embargo y conservación existentes seguirán siendo válidas. Los exchanges y otros custodios que gestionen esos casos deberán aplicar los nuevos procedimientos de divulgación, transferencia y venta una vez que la normativa entre en vigor.