El régimen de licencias entrará en vigor el 18 de enero de 2027. A partir de esa fecha, será obligatorio que cualquier entidad solicite la aprobación previa de la OCC antes de emitir una stablecoin de pago. No hacerlo puede acarrear consecuencias penales.
Por qué la OCC quiere que los bancos participen
Jonathan V. Gould, contralor de la moneda, presentó el proceso de elaboración de normas como una forma de que la agencia vuelva a sus orígenes. «Al implementar la Ley $GENIUS y supervisar a los emisores de stablecoins, recordamos de dónde venimos y la responsabilidad que tenemos de facilitar la innovación financiera», dijo Gould en una publicación que hizo el lunes en X, según informa PYMNTS. Además, señaló que «esta norma definitiva establece un marco federal que permite que las stablecoins alcancen su potencial y, al mismo tiempo, promueve el predominio del dólar».
Además, la agencia hizo referencia al impulso de sus iniciativas Community Bank Comeback Initiatives, que, según afirma, están diseñadas para equilibrar la regulación de las instituciones más pequeñas y permitirles seguir atendiendo las necesidades de sus clientes. Para reducir la preocupación de los bancos pequeños, el regulador publicó una hoja informativa que destaca dos puntos clave: los depósitos de los bancos comunitarios pueden ser activos de reserva admisibles para las stablecoins; la supervisión se ajustará adecuadamente al perfil de riesgo de cada emisor.
Si el número de pequeños prestamistas que participan en este proceso es suficiente, podrían reducir de forma significativa la cuota de mercado de las stablecoins que actualmente poseen las empresas de criptomonedas y las grandes instituciones financieras.
La preocupación por los préstamos de 850 000 millones de dólares
Sin embargo, no todos los bancos están de acuerdo. La Asociación de Banqueros Independientes de Estados Unidos se opuso a la tendencia hacia las stablecoins y estimó que su adopción podría limitar en casi 850 000 millones de dólares la capacidad de préstamo de los bancos comunitarios. El razonamiento detrás de esa postura es que los depósitos, que sirven como fuente de financiación para los préstamos locales, se destinarían en cambio a las stablecoins.
La respuesta implícita de la OCC a esas objeciones es que los bancos pueden emitir sus propias stablecoins y usar los depósitos como reservas. Aquí hay más en juego que una simple cuestión de regulación. El mes pasado, la ICBA demandó a la OCC y argumentó que las empresas de criptomonedas que obtuvieron la aprobación de sus licencias tenían una ventaja, ya que no estaban sujetas a los mismos requisitos regulatorios que los bancos comunitarios.
Sin embargo, ahora el tiempo corre para todos. Los emisores existentes que hayan presentado una solicitud prácticamente completa a más tardar en la fecha límite de cumplimiento pueden obtener una exención temporal de hasta 12 meses, lo que extendería efectivamente un año el plazo hasta la aprobación, en vez de detenerse de inmediato. Para obtener esa exención, los bancos deben presentar sus solicitudes antes del 18 de enero de 2027.
