Las normas sobre propiedad extranjera dividen a las partes
La Ley 174 prohíbe que las partes extranjeras legalmente definidas como prohibidas tengan cualquier participación en la propiedad de empresas de minería de activos digitales comprendidas en la ley. Las restricciones están vinculadas a las normas federales sobre exportación de armas, que abarcan países como China, Irán, Corea del Norte y Venezuela.
Joseph Nelson, abogado de Arkansas, dijo que los estados llevan mucho tiempo regulando la propiedad de bienes y protegiendo el bienestar público. También vinculó la ley con la preocupación de que las instalaciones de minería de criptomonedas sobrecarguen los servicios públicos locales. Argumentó que las normas federales sobre inversiones limitan las amenazas a la seguridad y, a la vez, permiten que los estados adopten medidas de protección.
La asociación argumentó que Arkansas estaba tomando decisiones de política exterior que corresponden al gobierno federal en Washington y discriminando a los inversionistas por su origen nacional.
Argumentó que las normas abarcan incluso inversiones menores que no requerirían una revisión federal. Según la asociación, esas restricciones también podrían dejar a los funcionarios federales con menos cartas de negociación al conducir la política exterior.
La política federal de inversión bajo escrutinio
El juez de circuito de Estados Unidos David Stras preguntó si límites estatales más estrictos podrían frustrar los objetivos federales en materia de inversión. Nelson respondió que los funcionarios federales no habían protestado ni sugerido que la ley debilitara su autoridad en política exterior.
Stras también cuestionó la postura de la asociación y sugirió que las prioridades federales de seguridad podrían dejar margen a los estados para regular la propiedad. El abogado de la asociación, Alexander Jones, argumentó que fomentar la inversión y proteger la seguridad nacional eran objetivos complementarios.
Sin embargo, Stras señaló que no se había indicado explícitamente a los comités federales de inversión que sopesaran los beneficios económicos frente a las preocupaciones de seguridad. Otro caso relacionado con Jones Eagle LLC, miembro de la Asociación de Minería de Criptomonedas de Arkansas, se refiere a una medida cautelar más limitada que cubre únicamente a la empresa. Ese caso también sigue bajo revisión del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, pero es distinto del recurso de la asociación contra la prohibición estatal de aplicar la ley.
Relacionado: La SEC aclara que la minería de criptomonedas con prueba de trabajo no es un valor, lo que supone un alivio para el sector
