Según Tempo, la propuesta del FASB exigiría que las empresas tuvieran derechos de reembolso directo con los emisores de monedas estables. Por ejemplo, comprar $USDC a través de un exchange no permitiría necesariamente que una empresa clasificara esos tokens como equivalentes de efectivo.

Tempo cita a Coinbase, que clasificó $USDC y otras monedas estables de pago como equivalentes de efectivo en su informe anual de 2025, respaldándose en su acuerdo de reembolso con Circle.

«Lo que cumple los requisitos es tu contrato con el emisor, y el token por sí solo no basta para lograrlo», dijo Tempo.

La propuesta del FASB permanece abierta a comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. El consejo revisará los comentarios antes de finalizar los cambios contables y fijar una fecha de entrada en vigor.

La regulación de las monedas estables toma forma en EE. UU.

La propuesta del FASB llega tras la aprobación de la ley $GENIUS en julio de 2025, que estableció el primer marco regulatorio federal integral para las monedas estables de pago en Estados Unidos. Está previsto que la ley entre en vigor en enero de 2027, o 120 días después de que los reguladores federales finalicen las normas de aplicación, lo que ocurra primero.

Mientras que la ley $GENIUS establece requisitos para los emisores de monedas estables, incluidos el respaldo de reservas y las obligaciones de reembolso, la propuesta del FASB aborda cómo contabilizan las empresas las monedas estables que poseen.

Estos acontecimientos se producen cuando el mercado de monedas estables respaldadas por el dólar estadounidense ha superado los 300.000 millones de dólares, según datos de DefiLlama. Según se informa, el Gobierno de Trump también está explorando formas de promover en el extranjero las monedas estables respaldadas por el dólar, lo que podría reforzar el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva dominante.

Según Bloomberg, el Gobierno está considerando alianzas con empresas privadas para desarrollar proyectos de monedas estables en el extranjero, en los que podrían participar el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC).