El aviso es significativo, pero todavía no es una norma propuesta ni definitiva. Los comentarios deberán presentarse 60 días después de la publicación en el Registro Federal, tras lo cual la CFTC podrá decidir si emite una propuesta formal y cómo hacerlo.
Para los exchanges y otras plataformas de negociación, esas normas podrían ofrecer una vía federal más definida para ciertos productos minoristas apalancados. Sin embargo, no deben interpretarse como un régimen federal integral de licencias para los mercados al contado de criptomonedas. La agencia está actuando dentro de las facultades que ya le confiere la ley, y las empresas podrían seguir sujetas a requisitos estatales sobre transmisión de dinero, monedas virtuales y protección al consumidor, además de la regulación federal de materias primas.
Las empresas potencialmente afectadas deberían revisar cómo gestionan el apalancamiento, la financiación, la entrega efectiva y los activos de los clientes. Esos detalles operativos podrían determinar si una transacción está sujeta a la disposición de la CFTC que se está considerando.
La CFTC traza nuevas líneas para los mercados de predicción y los productos de juego
El 9 de octubre, la CFTC propuso definir como swaps los contratos sobre eventos que cumplan los requisitos. La propuesta abarcaría contratos sobre eventos basados en temas como la política, los deportes, la cultura y el clima. Según la agencia, los contratos que cumplan la definición propuesta serían derivados de materias primas bajo la jurisdicción exclusiva de la CFTC. Los comentarios deberán presentarse 30 días después de que la propuesta aparezca en el Registro Federal. CFTC
Al mismo tiempo, la agencia adoptó una norma final provisional que excluye determinados productos de casinos y casas de apuestas deportivas de la definición de «swap». La exclusión abarca productos como las apuestas deportivas convencionales y los juegos de casino, y busca separar esas actividades de los mercados de contratos sobre eventos regulados a nivel federal. La norma provisional entra en vigor cuando se publique en el Registro Federal, aunque la agencia también está aceptando comentarios.
Estas medidas representan una nueva fase sustancial en el debate sobre los mercados de predicción. En lugar de abordar únicamente si se pueden cotizar determinados contratos, la CFTC propone una definición jurisdiccional más amplia y, a la vez, crea una exclusión aparte para los productos que considera juegos de azar al estilo de los casinos.
Los operadores de mercados de predicción, las plataformas de negociación y quienes estén considerando entrar en el mercado deberían analizar la sustancia económica de sus contratos, en lugar de confiar en las etiquetas de los productos. La estructura del contrato, las condiciones de liquidación y el evento subyacente podrían influir en si un producto se considera un derivado regulado a nivel federal o una actividad sujeta a las leyes estatales sobre juegos de azar. Como uno de los componentes sigue siendo una propuesta, los límites definitivos aún no están establecidos.
La AEVM fija expectativas para las stablecoins que incumplen la normativa
El 8 de octubre, la Autoridad Europea de Valores y Mercados publicó un dictamen sobre los servicios relacionados con stablecoins que no cumplen con MiCA.
La posición de la AEVM es que los proveedores de servicios de criptoactivos autorizados en virtud del Reglamento sobre los Mercados de Criptoactivos deberían dejar de ofrecer a los clientes de la UE servicios relacionados con tokens referenciados a activos y tokens de dinero electrónico que no cumplan la normativa. El dictamen abarca una amplia gama de actividades, como la gestión de plataformas de negociación, el intercambio, la ejecución de órdenes, el asesoramiento, las transferencias, la custodia y la gestión de carteras.
Se espera que los reguladores nacionales garanticen que los proveedores no mantengan ni faciliten nuevas vías de acceso a las stablecoins afectadas. La AEVM indica que las empresas deberían implementar controles técnicos, contractuales y organizativos para impedir que los clientes adquieran activos o aumenten su exposición. La exposición preexistente debería subsanarse lo antes posible y, como máximo, tres meses después de la publicación. Se podrán seguir prestando temporalmente servicios limitados cuando sean necesarios para liquidar, convertir, retirar, transferir o custodiar los activos.
Esto difiere de las propuestas de política más amplias de la AEVM de la semana pasada: el nuevo dictamen establece una posición de supervisión inmediata sobre cómo deberían abordar las autoridades nacionales los servicios relacionados con stablecoins que actualmente incumplen la normativa.
Los proveedores autorizados en virtud de MiCA deberían identificar todas las stablecoins disponibles a través de sus interfaces, incluso mediante funciones de custodia, enrutamiento y gestión de carteras, y documentar los controles utilizados para restringir una mayor exposición. Que un token esté disponible fuera de la UE no significa necesariamente que un proveedor autorizado en la UE pueda seguir poniéndolo a disposición de los clientes de la UE.
El Consejo de la UE impulsa la supervisión directa de las principales empresas cripto por parte de la AEVM
El 9 de octubre, el Consejo de la Unión Europea acordó elementos clave de su posición negociadora sobre el Paquete de Integración y Supervisión del Mercado.
Según la posición del Consejo, la AEVM supervisaría directamente a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) transfronterizos más importantes. Este enfoque es más limitado que el propuesto por la Comisión Europea, que habría transferido a la AEVM la supervisión de todos los proveedores que cumplieran los requisitos. El Consejo también respalda la creación de una nueva junta ejecutiva de la AEVM a tiempo completo y una transición de dos años en la que participarían tanto la AEVM como el personal nacional.
La medida todavía no es una ley definitiva. El Consejo debe formalizar su posición, y las negociaciones con el Parlamento Europeo solo podrán comenzar después de que el Parlamento adopte su propia posición.
Aun así, esta orientación es importante para los CASP que planifican sus operaciones en Europa. Con el tiempo, los proveedores transfronterizos de mayor tamaño podrían rendir cuentas directamente a la AEVM, mientras que las empresas más pequeñas podrían seguir estando supervisadas principalmente por las autoridades nacionales. Por tanto, la estructura corporativa, la escala operativa y la actividad transfronteriza podrían influir no solo en las obligaciones de licencia, sino también en la identidad y el grado de intervención del regulador de la empresa.
Nueva York llega a un acuerdo con el cofundador de Celsius
El 9 de octubre, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció un acuerdo con Alex Mashinsky, cofundador y exdirector ejecutivo de Celsius.
El acuerdo prohíbe de manera permanente a Mashinsky participar en las industrias de valores, materias primas y criptomonedas, y establece obligaciones de pago condicionales de hasta 35 millones de dólares. La demanda de 2023 de la fiscal general alegó que Mashinsky hizo declaraciones engañosas sobre la seguridad de Celsius, sus prácticas de inversión y su situación financiera, mientras realizaba actividades sin registrarse. Mashinsky cumple por separado una condena penal federal.
La resolución ilustra cómo las leyes estatales sobre valores, materias primas y registro pueden seguir teniendo consecuencias incluso cuando ya están en curso procedimientos penales federales y distribuciones por quiebra. Para fundadores y ejecutivos, las descripciones públicas de la seguridad de una plataforma, la generación de rendimientos, los activos de los clientes y los controles de riesgo pueden generar responsabilidad personal además de corporativa.
Las empresas que evalúen estos acontecimientos o sus implicaciones para el diseño de productos, las licencias, los litigios o el cumplimiento normativo pueden ponerse en contacto con Kelman PLLC para hablar de sus circunstancias.
Publicidad de abogados. Este artículo ofrece información general, no asesoramiento legal. Ponerse en contacto con el bufete no establece una relación abogado-cliente.
