También establecería un puerto seguro condicional que permitiría que los criptoactivos dejaran de estar sujetos a contratos de inversión una vez que los emisores completen o abandonen permanentemente el trabajo de gestión esencial prometido y presenten un informe de transición ante la SEC.

Las presentaciones de Bitwise, Nasdaq, la Alternative Investment Management Association, bancos comunitarios y defensores de los inversores revelan prioridades contrapuestas que podrían determinar la normativa definitiva.

Wall Street y las empresas cripto presionan para ampliar el acceso a los tokens

La gestora de activos Bitwise quiere que la SEC facilite a las firmas de inversión determinar qué criptomonedas pueden mantener en productos cotizados en bolsa, índices y fondos privados.

En su carta del 19 de octubre, Bitwise dijo que los promotores de fondos se enfrentan actualmente a una incertidumbre considerable al evaluar si un token sigue sujeto a un contrato de inversión.

La firma quiere que las gestoras de activos puedan basarse en los informes públicos de transición de los emisores una vez que venza un período de revisión de la SEC sin que esta presente objeciones. También solicitó protección para quienes se basen de buena fe en esa información si los reguladores cuestionan posteriormente la clasificación de un emisor.

Estas protecciones podrían reducir los riesgos legales de añadir criptomonedas a productos de inversión, aunque seguirían aplicándose los requisitos independientes de aprobación y cumplimiento para los fondos.

La Alternative Investment Management Association, que representa a fondos de cobertura y otros gestores de activos alternativos, quiere que el puerto seguro propuesto se extienda a la normativa sobre asesores de inversión y fondos.

También solicitó requisitos de custodia y protecciones para la reventa más claros, y sostuvo que los gestores necesitan normas coherentes para adquirir, mantener y enajenar activos digitales.

Mientras tanto, el Hyperliquid Policy Center quiere que la SEC ofrezca protección mientras los proyectos cripto siguen en desarrollo, en lugar de exigir que los emisores completen o abandonen primero el trabajo prometido.

El grupo de defensa también quiere mayor flexibilidad para los airdrops y los informes de transición, y advirtió que la divulgación pública de razonamientos jurídicos detallados podría exponer a los emisores de tokens a litigios.

Los operadores de mercados tradicionales expresaron un apoyo más condicionado.

Nasdaq respaldó el marco, pero instó a la SEC a excluir explícitamente de las exenciones las acciones, los bonos y las participaciones de ETF tokenizados.

La bolsa sostuvo que las versiones tokenizadas de valores tradicionales deben mantener los requisitos vigentes de registro, divulgación y negociación, para evitar que las plataformas cripto obtengan ventajas regulatorias frente a los mercados de valores establecidos.

Los bancos comunitarios advierten de una fuga de depósitos mientras sus opositores amenazan con emprender acciones legales

La Independent Community Bankers of America planteó preocupaciones más amplias sobre la estabilidad financiera y advirtió que facilitar la emisión de criptomonedas podría acelerar la adopción de las stablecoins y desviar depósitos de los bancos más pequeños.

La asociación sostuvo que el aumento de la negociación de criptomonedas y de la actividad de liquidación podría concentrar los fondos de los clientes en emisores de stablecoins, bolsas y grandes bancos depositarios de reservas, lo que potencialmente elevaría los costos de financiación de los bancos comunitarios y reduciría los préstamos.

Citó un escenario modelado anterior que sugería que los incentivos de las stablecoins podrían trasladar hasta 1,3 billones de dólares desde los bancos comunitarios y reducir la capacidad de otorgar préstamos en aproximadamente 850.000 millones de dólares.

Esas estimaciones se refieren al posible crecimiento de las stablecoins, no al efecto directo de la propuesta de la SEC. No obstante, la asociación quiere que los reguladores evalúen los efectos acumulativos de las políticas favorables a las criptomonedas antes de aprobar exenciones adicionales.

Solicitó un análisis económico complementario, umbrales de elegibilidad más estrictos, un seguimiento periódico de la migración de depósitos y la facultad de suspender las exenciones si surgen riesgos importantes.

Los defensores de los inversores adoptaron una postura más confrontativa.

Public Citizen instó a la SEC a abandonar la propuesta y reanudar las acciones de cumplimiento contra las criptomonedas, y sostuvo que las exenciones fomentarían la captación especulativa de fondos y debilitarían las protecciones para los inversores minoristas.

El exfuncionario de cumplimiento de la SEC John Reed Stark y el investigador de Duke Lee Reiners exigieron por separado que se retirara la propuesta, y sostuvieron que la agencia carece de autoridad legal suficiente para crear las exenciones.

Advirtieron que una norma definitiva similar a la propuesta actual se enfrentaría a una impugnación legal inmediata, lo que podría exponer a los emisores cripto a una mayor incertidumbre tras adoptar el nuevo marco.

Ahora la SEC debe revisar las presentaciones y determinar si modifica los umbrales de las ofertas, refuerza la información que deben divulgar los emisores a los inversores o encarga análisis económicos adicionales antes de aprobar las normas definitivas.

Cualquier decisión de seguir adelante sin abordar las objeciones legales podría trasladar la disputa a los tribunales federales, donde una impugnación podría retrasar la aplicación de las exenciones y la vía propuesta para que los tokens dejen de estar sujetos al tratamiento de contratos de inversión.