Los partidos discrepan en la auditoría del jueves
La misma disputa ocupó la auditoría del jueves del Ministerio de Finanzas por parte del Comité de Planificación y Finanzas de la Asamblea Nacional. El impuesto se legisló mediante una revisión de 2020 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se ha aplazado tres veces desde entonces y, según el calendario actual, entrará en vigor en enero del próximo año. El Gobierno sigue tramitando los procedimientos administrativos necesarios para esa fecha, mientras que voces de la industria califican el calendario de prematuro.
Según la crónica de Coinreaders sobre la audiencia, el gobernante Partido Demócrata instó a aplicar rápidamente el impuesto y defendió su entrada en vigor en enero. El representante Yoon Hu-deok dijo al ministerio que Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Unido ya gravan los activos digitales, y que actualmente 48 países recaudan este tipo de impuestos. Según afirmó, las mismas promesas de preparación se han repetido en cada aplazamiento desde que se plantearon estas preocupaciones hace años. Advirtió que revocar una ley aprobada por la Asamblea en una votación plenaria sacudiría los cimientos sobre los que opera el propio Estado.
El opositor Partido del Poder Popular respondió que no existe la preparación necesaria. La representante Im I-ja dijo que la equidad fiscal se estaba desmoronando porque las plataformas nacionales pueden ser objeto de una evaluación fiscal, mientras que las plataformas extranjeras, incluidas las mejores plataformas de criptomonedas a nivel mundial, no deben a Corea ningún registro de transacciones. Preguntó qué nivel de preparación podía afirmarse cuando tanto las normas legales de tributación como la infraestructura administrativa siguen siendo insuficientes, y citó declaraciones de la industria según las cuales los operadores necesitan entre seis y nueve meses para crear la infraestructura de información exigida por las notificaciones del Servicio Nacional de Impuestos. El vice primer ministro Lee Hyeong-il respondió que ya había prometido en la auditoría anterior consultar a expertos y a la industria, y dijo al comité que reuniría las opiniones de la industria y de la Asamblea y las sopesaría lo más plenamente posible antes de emitir un juicio. La audiencia no llegó a ninguna conclusión: la respuesta no se comprometió ni a aplicar el impuesto ni a aplazarlo por cuarta vez.
La brecha de seis a nueve meses para construir la infraestructura
Lo que ocurra a continuación se reduce a un único calendario. Si los operadores realmente necesitan entre seis y nueve meses para construir la infraestructura de información exigida por las notificaciones de la autoridad tributaria, resulta difícil justificar aritméticamente una entrada en vigor en enero, a menos que el ministerio considere que el trabajo está más avanzado de lo que sostiene la oposición, y la decisión debe tomarse en cuestión de semanas. A nuestro juicio, prevalecerá el argumento de la equidad: la derogación del impuesto sobre las rentas de inversión financiera eliminó el tratamiento paralelo que justificaba gravar únicamente los activos digitales, y ese argumento fiscal, no las quejas sectoriales, es lo que deja margen para la cuidadosa formulación del vice primer ministro. A medida que la actividad se desplaza a través de puentes entre cadenas y hacia la autocustodia antes de la adopción escalonada del CARF en el extranjero, también aumenta el costo de esperar para quienes apoyan el aplazamiento.
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