La declaración contradice las supuestas filtraciones que apuntaban a una posible desregulación de los activos digitales, mientras fuentes bancarias afirmaban que se estaba trabajando en un borrador para permitir que los bancos ofrecieran servicios de criptomonedas.

Esto significa que se mantendrá la prohibición del BCRA de 2022 que impide a las instituciones financieras ofrecer servicios de criptomonedas, y que su eliminación dependerá de la situación de la economía antes de las próximas elecciones presidenciales.

Curutchet reconoció que la situación económica de Argentina ofrecía un margen limitado para impulsar estas soluciones, pero recalcó que eran temas válidos para debatir.

«En un país donde la percepción de vulnerabilidad y fragilidad haya disminuido significativamente con respecto a la actual, y con plena libertad económica, estos son temas en los que hay que avanzar. Hoy tenemos un nivel de fragilidad que no nos permite avanzar tanto. Pero creo que hay una agenda pendiente para más adelante», concluyó Curutchet.

Aun así, los grupos bancarios están avanzando en sus propios proyectos de stablecoins para ofrecer funciones de dinero programable destinadas a la gestión de fondos institucionales, como operaciones de gestión de tesorería, pagos condicionados a eventos en cadena y gestión de crédito con garantías.

Estos conglomerados están desarrollando estas iniciativas a través de empresas separadas para respetar la prohibición actual. La integración bancaria se retrasaría hasta que el banco central levante las prohibiciones vigentes.

A pesar de esta prohibición, Argentina se convirtió en el segundo mayor centro de criptomonedas de Latinoamérica: recibió más de 88.5 mil millones de dólares en valor de criptomonedas durante los 12 meses que terminaron el 30 de junio, según Chainalysis.