Ari Paul, fundador de BlockTower Capital, acusó públicamente a Coinbase de perder alrededor de 25 millones de dólares en activos de su empresa y de ocultar hackeos por un total de más de 1000 millones de dólares en una docena de instituciones. Coinbase lo niega rotundamente, Paul dice que un litigio activo le impide publicar sus pruebas, y desde entonces la industria lleva semanas discutiendo sobre quién dice la verdad.
La discusión pasa por alto el hecho más incómodo de la historia: nadie ajeno a las dos partes involucradas puede comprobarlo. Es un lugar extraño al que llegar para una industria construida en torno a un activo diseñado para que nadie tuviera que confiar en la palabra de nadie. Un custodio que mantiene activos para gran parte del mercado está acusado de ocultar miles de millones de dólares, y las únicas herramientas disponibles para evaluar la acusación son la credibilidad del acusador y la palabra del custodio. La lección para todas las empresas que tienen bitcoin, o están decidiendo si hacerlo, es que tener bitcoin en el balance plantea un problema de controles, y que, hasta que un acuerdo de custodia pueda responder las mismas preguntas que una junta directiva plantea sobre las cuentas bancarias y de corretaje de la empresa, quién puede mover el dinero y quién lo autoriza, historias como esta seguirán sin respuesta.
Las preguntas que ninguna junta directiva puede responder
Todas las demás cuentas que maneja una empresa incluyen la gobernanza de forma predeterminada. Una cuenta bancaria corporativa tiene usuarios identificados, funciones definidas, reglas de aprobación para los retiros y un registro de auditoría que un contralor puede entregar a un auditor. Una cuenta de corretaje tiene lo mismo. En cuanto una empresa compra bitcoin, todo eso desaparece y queda reducido a uno de estos dos lugares: una única sesión de una plataforma de intercambio o una billetera física en el cajón de alguien.