Corea del Sur anunció un aplazamiento de la introducción de su impuesto sobre las ganancias de capital en criptomonedas hasta 2029, lo que extiende dos años el periodo libre de impuestos, mientras las autoridades planean reforzar la supervisión regulatoria y conectar los datos de los exchanges con Estados Unidos, según informa yna.co.kr.
El ministro de Finanzas, Lee Hyoung-il, anunció la propuesta el jueves y reconoció que el gobierno aplazaría por cuarta vez este polémico impuesto.
Originalmente, la política estaba programada para entrar en vigor en enero de 2022: imponía un impuesto del 22%, que incluye el impuesto sobre la renta local, a todas las ganancias relacionadas con criptomonedas que superaran los 2.5 millones de wones.
Incertidumbre regulatoria e implicaciones para el mercado
Aunque el aplazamiento propuesto podría aliviar al mercado surcoreano de criptomonedas e incluso respaldar la actividad comercial local, sigue siendo un factor de riesgo considerable tanto para los inversores locales como para los extranjeros.
Los funcionarios sostienen que aplicar el impuesto antes de que entren en funcionamiento los sistemas internacionales de intercambio de información podría perjudicar a los exchanges locales y complicar la aplicación de la normativa a la actividad de negociación en el extranjero.
Las obligaciones tributarias futuras no desaparecerán; el tiempo adicional para desarrollar una red fiscal integral es más probable que imponga aún más limitaciones a los inversores en el futuro, en lugar de una implementación prematura con diversas lagunas legales.
El gobierno también pretende introducir disposiciones que permitan a los inversores trasladar las pérdidas de inversión en criptomonedas hasta tres años, lo que podría reducir las ganancias imponibles en periodos posteriores.
La regulación adicional de las criptomonedas sigue siendo una prioridad
Corea del Sur también va a establecer un grupo de trabajo independiente que perfeccionará las normas fiscales y, esperan, simplificará los requisitos de información para los inversores, teniendo en cuenta la complejidad de informar sobre las transacciones de activos digitales y de los operadores en los exchanges.
Se espera que las enmiendas legislativas lleguen a la Asamblea Nacional en 2027.
Las autoridades informaron de que siguen coordinándose con la Comisión de Servicios Financieros para acelerar la legislación sobre activos digitales, con el fin de aportar más transparencia y proteger a los inversores.
Para la industria en general, la extensión propuesta es más bien una etapa de transición que debería mejorar la competitividad del mercado de activos digitales, a pesar de introducir una aplicación fiscal más estricta. Desafortunadamente para los inversores minoristas, crea otra barrera que podría alejar aún más los nuevos fondos de la industria.