En noviembre de 2024, más de 30 ejecutivos de empresas tecnológicas y cripto afirmaron que se les había denegado el acceso a servicios bancarios. Muchos en el sector cripto apodaron extraoficialmente la iniciativa «Operación Chokepoint 2.0», en alusión a la iniciativa de la era Obama para combatir el fraude y el lavado de dinero facilitado por los bancos.
Sin embargo, el informe de 47 páginas publicado el miércoles no incluyó ejemplos específicos de exclusión de los servicios bancarios relacionada con actividades de activos digitales. La OCC dijo que no había podido «cuantificar de forma exhaustiva el alcance total de las acciones de exclusión de los servicios bancarios o de las presuntas acciones de ese tipo», basándose en una revisión de 9 grandes bancos, y el director de la agencia, Jonathan Gould, se centró principalmente en las afirmaciones del informe sobre la exclusión de los servicios bancarios por vínculos con el carbón y las armas de fuego.
«Estas decisiones no se basaron en el riesgo financiero», dijo Gould, al referirse a la exclusión de los servicios bancarios por vínculos con el carbón. «En cambio, los bancos citaron su preocupación por los titulares negativos, las protestas públicas y las consecuencias reputacionales percibidas de apoyar al sector».
La orden ejecutiva de Trump de 2025 se produjo tras los llamamientos de muchas personas del sector en torno a las afirmaciones, incluida la de la «Operación Chokepoint 2.0», de que el Gobierno de Estados Unidos bajo el expresidente Joe Biden pudo haber influido en las instituciones financieras para que dejaran de prestar ciertos servicios a las empresas cripto.
