Ante la multiplicación de los ciberataques, el proyecto de ley Résilience prevé nuevas obligaciones de seguridad para más de 18000 empresas y organismos. Sometido a votación de los diputados este martes, prevé un refuerzo de los controles y sanciones que pueden llegar al 2 % de la facturación mundial.
Un proyecto de ley esperado desde hace dos años
Los diputados se pronuncian este martes sobre el proyecto de ley «Résilience», que busca reforzar la ciberseguridad de las empresas y las administraciones francesas. Su examen se produce más de dos años después del plazo fijado por la Unión Europea para transponer las directivas NIS 2 y sobre la resiliencia de las entidades críticas.
Presentado en el Senado el 15 de octubre de 2024, el texto fue aprobado por los senadores el 12 de marzo de 2025. Los diputados solo empezaron a examinarlo en el pleno el 9 de noviembre pasado. El procedimiento acelerado permite convocar una comisión mixta paritaria tras una sola lectura en cada cámara, con el fin de intentar alcanzar un texto común.
Este retraso se produce mientras los ciberataques se multiplican. Revelado el domingo, el hackeo de Maileva, una filial del grupo La Poste, provocó sobre todo el robo de los datos de contacto de 22 millones de personas.
Más de 18000 entidades afectadas
El proyecto transpone tres directivas europeas sobre infraestructuras críticas, ciberseguridad y la adaptación del marco financiero al reglamento DORA. Este último refuerza los requisitos de resiliencia frente a incidentes informáticos en el sector financiero.
Según Anne Le Hénanff, ministra delegada encargada de la IA y lo Digital, más de 18000 entidades de 18 sectores se verán afectadas, en particular en energía, salud y transporte.
Estas entidades deberán gestionar mejor sus riesgos, asegurar sus relaciones con los proveedores y notificar los incidentes importantes a la Anssi, la agencia nacional de ciberseguridad. La agencia podrá exigir la publicación de un ataque, o hacerlo pública ella misma. En el sector financiero, los incidentes graves también deberán notificarse a las autoridades competentes.
Las sanciones podrán ascender a 10 millones de euros o al 2 % de la facturación anual mundial para las entidades esenciales, frente a 7 millones de euros o el 1,4 % para las entidades importantes. Sin embargo, el director de la Anssi, Vincent Strubel, prefiere una primera etapa de acompañamiento. El cumplimiento completo se fija para finales de 2028.
La retirada de la protección de las mensajerías cifradas
El debate también abordó mensajerías como Signal y WhatsApp. Los diputados suprimieron el artículo 16 bis, añadido en el Senado para garantizar su inviolabilidad. Esa disposición había contribuido al bloqueo del texto.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, consideraba que su redacción era demasiado amplia y que podía comprometer ciertas técnicas de inteligencia.
A cambio, el Gobierno se comprometió a no volver a introducir antes del final del periodo de sesiones parlamentarias el «correspondant fantôme», dispositivo que habría permitido a las autoridades acceder a las conversaciones y que los diputados rechazaron en 2025. Por tanto, la supresión del artículo protector no crea por sí sola la obligación de instalar puertas traseras.
