No hay nada de malo en eso. Desde tiempos inmemoriales, las empresas cuyos negocios dependen de la legislación financiera han querido tener voz en cómo es esa legislación.

Sus propietarios, inversores y, en última instancia, sus clientes esperan que defiendan el negocio, y quienes se encargan de defenderlo prefieren que sus amigos, y no sus enemigos, redacten las reglas.

La industria cripto ha crecido tanto que decenas de empresas cripto en EE. UU. pueden y quieren defender su negocio con la misma fuerza y el mismo dinero que sus homólogas mucho más grandes de las finanzas tradicionales. Y dado que el sector cripto es en gran medida políticamente ambiguo, estas empresas pueden atacar ambos frentes con la misma fuerza.

Invierten casi por igual en candidatos demócratas y republicanos, desde contiendas municipales locales hasta elecciones al Congreso.

Pueden defender sus donaciones en cualquier dirección que sople el viento: los demócratas pueden presentar su participación en la regulación cripto como un freno a las malvadas corporaciones capitalistas, mientras que los republicanos pueden hacerla parecer una liberación de los estadounidenses trabajadores de las cadenas del dinero controlado por el gobierno.

A las empresas cripto no les importa realmente cómo se vea o suene, solo quieren cosechar resultados legislativos tangibles de las semillas que han sembrado.

Pero Fairshake es un comité federal de gastos independientes que solo puede financiar actividad política ajena a las campañas de los candidatos, conforme a reglas que prohíben expresamente la coordinación.

Así que, cuando oímos que anunció 1 millón de dólares en apoyo a un candidato, eso no significa que simplemente le haya entregado un millón en efectivo.

Tu partido es asunto tuyo, tu voto cripto es nuestro

Los republicanos French Hill, Bryan Steil y Bill Huizenga están entre los seis candidatos que reciben los compromisos de 1 millón de dólares divulgados. Hill preside la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Steil preside su subcomisión de activos digitales y Huizenga es el vicepresidente de la comisión en pleno.

Los tres demócratas son Janelle Bynum, Steven Horsford y Derek Tran, informó Roll Call.

La selección de candidatos republicanos pone dinero detrás de personas que ya tienen una influencia considerable en la legislación financiera. La donación demócrata recompensa a miembros de la coalición que votó a favor del proyecto de ley más grande y trascendental de la industria: la Ley CLARITY.

En julio de 2025, la Cámara de Representantes aprobó CLARITY por 294 votos contra 134, con 216 republicanos y 78 demócratas a favor. Todos los republicanos que votaron la respaldaron, mientras que los demócratas se dividieron.

Por eso, apoyar a los demócratas que cruzaron esa división les indica a otros demócratas que puede haber ayuda electoral (es decir, dinero) al otro lado de un voto favorable a las criptomonedas. Apoyar a los dirigentes republicanos de la comisión simplemente protege las relaciones con quienes ya están haciendo el trabajo legislativo.

Aunque el gasto político de Fairshake es y debe ser transparente, las motivaciones detrás del apoyo de cada candidato a las criptomonedas nunca lo son. Hay un millón de razones por las que un político podría apoyar a la industria cripto, así que no podemos suponer que los candidatos fueran comprados con las donaciones. Los donantes suelen elegir aliados que ya están de acuerdo con ellos o que al menos coinciden en cierta medida.

El dinero simplemente crea un incentivo bastante bueno para que otros políticos que quizá estén a punto de apoyar la causa finalmente cambien de bando.

En una contienda hipotética, supongamos que un grupo externo gasta mucho en anunciar tu campaña, mientras que tu oponente tiene que comprar el mismo tiempo de emisión con su propio dinero. Así, tu campaña puede destinar más dinero propio a otros fines.

La ayuda es valiosa aunque nunca hayas ayudado a redactar el anuncio y aunque el anuncio hable de empleos locales. En este ejemplo, el grupo externo ayuda a pagar la imagen pública general del político mientras persigue un objetivo político mucho más acotado.

Comprar aliados es más fácil que aprobar un proyecto de ley

Las empresas cripto tienen razón cuando se quejan de hacer negocios bajo reglas que no dejan claras las clasificaciones básicas. La industria necesita saber ante qué regulador responde, qué exigen los registros y las licencias, cuándo el software genera obligaciones y qué divulgaciones debe presentar, por nombrar algunos aspectos.

El hecho de que necesitemos más leyes es una de las pocas cosas en las que republicanos y demócratas realmente están de acuerdo. Sin embargo, por lo general no están de acuerdo sobre qué deberían incluir esas leyes.

Por eso, la redacción de un proyecto de ley propuesto importa más que su existencia, porque cada palabra asigna costos, permisos y consecuencias a alguien.

Ambos partidos se identifican con grandes objetivos abstractos, como reducir la interferencia del gobierno y defender a los consumidores. Pero, cuando se trata de legislar, ambos tienen que lidiar con cuestiones nimias y triviales: títulos, subtítulos, capítulos, subcapítulos, secciones, subsecciones, párrafos, subpárrafos y cláusulas.

El lenguaje que prefieren para sus campañas sigue teniendo que traducirse en una norma exigible, con costos que alguien tendrá que pagar.

Los proyectos de ley también tienen que abordar que los funcionarios se beneficien de negocios afectados por sus decisiones públicas. Roll Call informó que las disputas sobre las disposiciones de ética contribuyeron a impedir un acuerdo sobre CLARITY antes de que el Senado bloqueara su avance el mes pasado.

Los senadores aún tenían que ponerse de acuerdo sobre esas disposiciones, independientemente del tamaño de la coalición de la Cámara de Representantes.

Por tanto, el interés comercial en contar con reglas previsibles es compatible con el interés político en someterlas a escrutinio. Las empresas pueden tener razón tanto sobre el costo de la incertidumbre como al defender sus propios intereses en cuanto a la solución.

Los legisladores pueden oponerse a una disposición deficiente sin declararle la guerra a todos los estadounidenses que poseen Bitcoin. El público no debería tener que elegir entre respaldar el paquete completo de la industria y volver a una regulación basada en litigios.

Donantes compartidos, obligaciones contrapuestas

Apoyar a ambos partidos es un seguro sensato cuando ninguno puede prometer un control permanente. También permite que toda una industria establezca relaciones dentro de cada coalición, incluso con legisladores que pueden discrepar sobre los impuestos o la inmigración, pero coincidir en su postura sobre la regulación financiera.

Los votantes suelen elegir representantes que coinciden con sus opiniones generales sobre cómo debería gobernarse su ciudad, distrito, estado o país. Las industrias, en cambio, tienen un enfoque muy preciso. No les importa dónde se sitúe un candidato en el espectro político, solo la magnitud y la rapidez del impacto que pueda tener en la legislación sobre las criptomonedas.

El gasto político centrado en temas concretos acentúa esa asimetría. Alguien que vota pensando en el costo de la vivienda puede ayudar a elegir a un candidato cuya costosa campaña fue financiada por empresas interesadas en una disposición sobre el registro de plataformas de intercambio de la que el votante nunca ha oído hablar.

Las empresas de criptomonedas tienen derecho a defender sus argumentos, incluso cuando señalan un defecto real en la regulación financiera.

También hay que sopesar sus intereses frente a los de todas las demás personas que usan una cadena de bloques abierta. Lo que una gran plataforma de intercambio quiere obtener de una ley puede diferir de lo que necesita un desarrollador individual. Lo mismo ocurre con las prioridades de un emisor de tokens y las de un cliente que quiere entender qué sucede con su dinero en caso de quiebra.

Aquí todo el mundo debería ser al menos un poco escéptico. Los republicanos no deberían recibir un mérito automático por defender la libertad financiera porque a los donantes les guste su proyecto de ley. Los demócratas no deberían recibir un mérito automático por proteger a los consumidores porque les desagraden los donantes.

Lean las obligaciones que propone cada parte y pregúntense qué empresas obtienen autorización, qué usuarios obtienen recursos legales y quién paga los costos de cumplimiento.

Fairshake contabilizará sus victorias electorales en noviembre.

Los clientes tendrán que evaluar qué producen esas victorias cuando el Congreso vuelva a abordar las reglas. Los legisladores afines dan a la industria acceso a ese proceso, pero los clientes obtendrán sus derechos del texto resultante, mucho después de que hayan cesado los aplausos.