El artículo de opinión que sigue fue escrito por Michael Handelsman de Kelman.Law.
Esta semana en derecho cripto
Los acontecimientos de esta semana se centraron en cómo las empresas cripto se comunican con sus clientes, protegen sus sistemas y recuperan activos robados. Nueva York emitió normas detalladas de publicidad para firmas licenciadas de moneda virtual, las autoridades federales anunciaron una importante acción de recuperación relacionada con el hackeo de Binance y los fiscales solicitaron el decomiso de $USDT rastreados hasta un presunto fraude de inversión sentimental. En el Reino Unido avanzaron en el Parlamento enmiendas específicas sobre stablecoins, mientras que la disputa entre el gobierno federal y los estados sobre los mercados de predicción se extendió a Arkansas.
Nueva York establece normas publicitarias para firmas cripto licenciadas
El 12 de noviembre, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) emitió una guía sobre publicidad y marketing de moneda virtual dirigida a los BitLicensees y a las compañías fiduciarias de propósito limitado que realizan negocios con moneda virtual. Las entidades alcanzadas deben desarrollar, mantener y hacer cumplir políticas adecuadas a su tamaño, base de clientes y modelo de negocio. El consejo de administración o un comité designado del consejo debe revisar y aprobar las políticas cada año.
El DFS espera que las afirmaciones de marketing sean verificables y estén respaldadas por evidencia. Entre los ejemplos de conductas problemáticas se encuentran promocionar el «trading sin comisiones» sin revelar los diferenciales o márgenes, presentar rendimientos sin los períodos de tiempo pertinentes e incorrectamente declarar el estatus regulatorio o de licencia. Las divulgaciones deben ser claras y destacadas, los beneficios deben presentarse junto con los riesgos materiales y los testimonios remunerados deben indicar la naturaleza y el monto de la compensación.
La guía se aplica al contenido distribuido por una entidad regulada o en su nombre, esté o no etiquetado como «educación», y sea cual sea el canal utilizado. También exige una revisión secundaria, la conservación de registros, la supervisión de cuentas de suplantación de identidad y la diligencia debida y supervisión de los promotores externos. Las políticas conformes con la guía deben estar disponibles para su revisión por el DFS a partir del 12 de mayo de 2027.
Para las firmas reguladas, esto es algo más que una tarea de corrección de estilo. Los equipos de marketing, cumplimiento y negocio deberían establecer un registro de aprobaciones que vincule cada afirmación fáctica con la evidencia que la respalda. Asimismo, deberían revisar los materiales de afiliados, influencers, podcasts, redes sociales y material institucional dentro del mismo marco de gobernanza.
El DOJ anuncia una acción de recuperación de 1200 millones de dólares tras el hackeo de Binance
El 12 de noviembre, el Departamento de Justicia anunció la incautación o restricción, autorizada por un tribunal, de más de 1200 millones de dólares en criptomonedas robadas a Binance. El DOJ atribuyó el robo, cometido el 29 de octubre, de más de 6000 millones de dólares en activos virtuales a actores militares norcoreanos conocidos como TraderTraitor. Según se informa, los esfuerzos gubernamentales y del sector privado han congelado más de 2700 millones de dólares, mientras continúan los procedimientos de rastreo y decomiso.
Este es un acontecimiento significativo en el hackeo de Binance que Kelman PLLC cubrió previamente. El artículo anterior analizaba la brecha, la atribución y la respuesta propuesta por Binance. Esta semana, el gobierno confirmó que los tribunales habían autorizado la incautación o restricción de más de 1200 millones de dólares en activos robados. La restricción o incautación autorizada por un tribunal no resuelve por sí misma la titularidad final, y los procedimientos de decomiso pueden dar a los reclamantes en competencia la oportunidad de ser escuchados.
El mismo anuncio reveló la incautación de infraestructura en la nube utilizada en «FaceStealer», una presunta campaña norcoreana que involucra cuentas comprometidas de videoconferencia, grabaciones de cámaras web, videos deepfake y malware disfrazado de solución a problemas técnicos. El DOJ afirma que la campaña causó pérdidas de más de 400 millones de dólares en criptomonedas durante 18 meses y que cada vez apuntaba más a los mantenedores de código abierto.
Los exchanges y las empresas Web3 deben tratar la identidad por video como no confiable, exigir verificación fuera de banda para los cambios de acceso y las transferencias, mantener separadas las credenciales de los desarrolladores y la autoridad sobre la tesorería, y contar con un plan de incidentes que permita entregar con rapidez direcciones de billeteras y datos de transacciones a contrapartes e investigadores.
Fiscales federales solicitan el decomiso de 456602 $USDT
El 9 de noviembre, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts presentó una acción civil de decomiso relacionada con 456602 $USDT presuntamente rastreables hasta un fraude sentimental y de inversión. La denuncia alega que los estafadores generaron confianza a través de sitios de citas y Facebook, enviaron a las víctimas a plataformas de inversión falsas y exigieron «tasas» e «impuestos» adicionales cuando las víctimas intentaron retirar su dinero. Las autoridades rastrearon los fondos hasta dos billeteras no alojadas y confiscaron los tokens.
Las acusaciones no han sido juzgadas. El decomiso civil permite que terceros presenten reclamaciones antes de que el bien sea decomisado y potencialmente devuelto a las víctimas. La distinción es importante: la incautación preserva los activos, pero no establece automáticamente la titularidad del gobierno ni garantiza que todas las personas que sufrieron una pérdida recibirá una restitución.
Para las víctimas, conservar las pruebas a tiempo puede mejorar de forma considerable tanto el rastreo como la preparación de una reclamación. Entre los registros pertinentes se encuentran las direcciones de billeteras, los hashes de transacción, los extractos de los exchanges, las transferencias bancarias, las capturas de pantalla de las plataformas, las comunicaciones, los datos de los dispositivos y cualquier solicitud de pagos adicionales. Quien alegue un interés de propiedad de buena fe sobre criptoactivos incautados también debe controlar los plazos de presentación. No presentar una reclamación debidamente fundamentada puede hacer perder la oportunidad de impugnar el caso del gobierno.
Los cambios al perímetro regulatorio de las stablecoins en el Reino Unido avanzan en el Parlamento
El 11 de noviembre, la Cámara de los Lores aprobó el proyecto de Cryptoassets (Miscellaneous Amendments) Regulations 2026, tras su examen en comisión en ambas cámaras. El instrumento aún debe aprobarse formalmente antes de convertirse en ley, por lo que todavía no debe describirse como una norma vigente.
Las modificaciones buscan evitar que las stablecoins emitidas en el Reino Unido que cumplan los requisitos y se usen en cadenas de pago se regulen como si cada participante en el pago estuviera negociando o intermediando con criptoactivos. También excluyen de la actividad de custodia de criptoactivos la tenencia temporal asociada a una transacción de pago. La emisión sigue regulada, mientras que los préstamos y los créditos, así como las stablecoins emitidas en el extranjero, permanecen dentro de las actividades relevantes con criptoactivos.
Según la disposición de entrada en vigor del proyecto, sus modificaciones sobre negociación y promoción financiera entrarán en vigor el 25 de octubre de 2027, mientras que las demás disposiciones generalmente entrarán en vigor después de que el instrumento se apruebe. Las empresas de pagos deben distinguir el avance parlamentario de esta semana de los requisitos de autorización vigentes. También deben determinar si un servicio propuesto implica emisión, pagos, custodia temporal, préstamos o un token emitido en el extranjero, ya que las exclusiones no se aplican de manera uniforme.
El Gobierno federal amplía su batalla contra los mercados de predicción a Arkansas
El 12 de noviembre, Estados Unidos y la CFTC presentaron una demanda federal para bloquear la acción de ejecución de Arkansas contra Kalshi. Arkansas alega que los contratos de eventos de Kalshi equivalen a juego ilegal y solicita restitución, sanciones, impuestos y medidas cautelares. Los demandantes federales sostienen que los contratos son swaps negociados en un mercado de contratos designado regulado por la CFTC, y que la Ley de Intercambio de Materias Primas desplaza la facultad de Arkansas para regularlos o prohibirlos.
Este es un desarrollo significativo en la disputa entre el Gobierno federal y los estados, analizada en los resúmenes recientes. El litigio previo de Utah y la interpretación de la CFTC sobre el acceso del 5 de noviembre se referían al mismo conflicto de desplazamiento normativo. La demanda de Arkansas muestra que el Gobierno federal defiende esa postura en otra jurisdicción y busca medidas contra tanto el caso estatal pendiente como las futuras acciones de ejecución que afecten a mercados regulados por la CFTC.
Ningún tribunal ha resuelto la disputa de Arkansas. Los operadores e intermediarios de mercados de predicción deben seguir conservando los registros de geolocalización, revisión de productos, autocertificación y protección al cliente, en lugar de suponer que el registro federal ha eliminado el riesgo estatal. El creciente número de casos podría conducir eventualmente a normas de apelación más claras, pero la exposición actual sigue siendo específica de cada jurisdicción.
Las empresas y particulares que evalúen el cumplimiento publicitario, la regulación de stablecoins, la exposición a mercados de predicción, los incidentes de ciberseguridad o la recuperación de activos digitales pueden contactar con Kelman PLLC para analizar su situación y las opciones legales disponibles.
Publicidad de abogados. Este artículo proporciona información general y no constituye asesoramiento jurídico. Ponerse en contacto con el despacho no establece una relación abogado-cliente.
