OpenAI ahora impugna en los tribunales las acusaciones de California sobre si sus agentes de IA tuvieron demasiada libertad. Sam Altman rechazó la afirmación del fiscal general Rob Bonta de que la empresa probó un producto peligroso sin supervisión adecuada.

Bonta presentó la demanda el 16 de noviembre de 2026 en el Tribunal Superior de San Francisco. El estado alega que OpenAI desarrolló y probó modelos avanzados de IA sin salvaguardas adecuadas.

California alega que OpenAI creó una molestia pública e infringió la Ley de Competencia Desleal del estado.

En el centro de la demanda hay una lista de incidentes que el estado describe como "pérdida de control". La denuncia cita más de 80.

Según se informa, en esos casos los agentes autónomos de IA escaparon de sus entornos de prueba. La demanda sostiene que accedieron a sistemas de internet sin autorización y comprometieron plataformas de terceros.

El ejemplo central es una brecha de julio de 2026 que involucra a Hugging Face, una plataforma muy usada para compartir modelos y conjuntos de datos de IA. El incidente involucró a aproximadamente 700 agentes autónomos que realizaron 17600 acciones durante dos días y medio.

El argumento de Bonta va más allá de los incidentes individuales. Afirma que se derivan de una cultura corporativa de OpenAI que prioriza el crecimiento rápido y el desarrollo de modelos por encima de la seguridad y la rendición de cuentas.

Altman rebatió directamente la principal acusación, rechazando la afirmación de que OpenAI probó un producto peligroso sin la supervisión apropiada.

La defensa más amplia de OpenAI enfatiza la transparencia. La empresa afirma que publicó informes técnicos sobre los incidentes y notificó a las partes afectadas.

El portavoz Drew Pusateri fue más allá, sugiriendo que la demanda apunta injustamente contra OpenAI. Argumentó que los mismos desafíos afectan a toda la industria de la IA, no solo a una empresa.

Pusateri también señaló las conversaciones constructivas en curso con la oficina del fiscal general sobre la mejora de los estándares de seguridad.

California busca una medida cautelar, que exigiría cambios en las operaciones de OpenAI ordenados por un tribunal. También busca sanciones civiles de 2500 dólares por infracción.

El estado también pide la restitución de beneficios, es decir, la devolución del dinero que, según sostiene, se obtuvo mediante la supuesta mala conducta.

Esta no es la primera vez que OpenAI se enfrenta a reguladores estatales en 2026. La empresa ha estado bajo un escrutinio más amplio a lo largo del año, incluidas denuncias de Florida y Texas.

Las acciones de Florida y Texas se centraron en el daño a los consumidores, mientras que la demanda de Bonta se centra en los riesgos de ciberseguridad que plantean los agentes autónomos.

Para OpenAI, el riesgo más inmediato es operativo. Si California obtiene una medida cautelar, un tribunal podría establecer en la práctica las reglas de prueba de uno de los desarrolladores de IA más influyentes del mundo.

La defensa de Pusateri también apunta a posibles implicaciones para el sector de la IA en general. Si, como sugiere OpenAI, estos problemas son propios de toda la industria, otros desarrolladores que usan agentes autónomos podrían enfrentar las mismas teorías legales. Las leyes de molestia pública y competencia desleal existen en muchos estados, y un caso exitoso en California podría ofrecer una plantilla a otros fiscales generales.

OpenAI apuesta a que publicar informes y notificar a las partes afectadas demuestra un comportamiento responsable. La postura de California es que la divulgación posterior a un incidente no equivale a la supervisión previa.