El Servicio de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el 17 de noviembre normas de identificación más estrictas para las personas que son propietarias o controlan clientes empresariales. La propuesta prohibiría que los números de identificación fiscal individual, o ITIN, se utilicen como sustitutos de los números de la Seguridad Social.

El texto de la propuesta también permitiría expresamente a las instituciones cubiertas solicitar información sobre estatus migratorio y autorización de trabajo cuando otros indicadores de riesgo o preocupaciones de supervisión lo justifiquen. No obligaría a las instituciones a verificar el estatus migratorio de cada cliente.

Para las empresas de activos digitales, el estatus regulatorio es la distinción clave. La propuesta abarca a bancos, corredores y distribuidores de valores, fondos mutuos, comisionistas de futuros e intermediarios introductores de materias primas. No añadiría a las empresas de servicios monetarios a esa lista.

La propuesta da cumplimiento a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 19 de mayo, «Restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense», que instruyó al Tesoro a fortalecer la diligencia debida con clientes basada en el riesgo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en un comunicado que el plan «elimina cargas innecesarias» y da a las instituciones más flexibilidad para combatir el riesgo.

Qué cambiaría

La norma aborda la identificación y verificación de los beneficiarios finales de clientes que son entidades jurídicas. Con la normativa vigente, estos generalmente incluyen a cualquier persona que posea al menos el 25 % de una empresa, así como a una persona con responsabilidad significativa para controlar, gestionar o dirigir la empresa.

FinCEN trasladaría la información identificativa exigida de un formulario de certificación opcional a la propia normativa. Las instituciones recopilarían el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de identificación cualificado de cada beneficiario final. La mayor parte de esta información ya es obligatoria, pero la propuesta prohibiría expresamente los ITIN como sustitutos de los números de la Seguridad Social. Las personas no estadounidenses aún podrían proporcionar alternativas específicas, como el número de pasaporte y el país emisor, o el número de tarjeta de identificación de extranjero.

Las instituciones podrían obtener la información de terceros, pero seguirían necesitando que el titular de la cuenta certifique su exactitud cuando se abra la primera cuenta.

La propuesta también codificaría la exención que FinCEN concedió el 13 de febrero de tener que repetir la identificación y verificación de los beneficiarios finales cada vez que un cliente empresarial existente abre otra cuenta. Las comprobaciones se exigirían cuando se abra la primera cuenta, cuando los hechos pongan razonablemente en duda la información obtenida previamente y según sea necesario conforme a los procedimientos de diligencia continua basada en el riesgo. Esa flexibilidad ya está disponible con la orden de febrero.

La frontera de los activos digitales

Un exchange o custodio que opere únicamente como empresa de servicios monetarios no quedaría directamente sujeto a estos requisitos. Una empresa de activos digitales que opere en una categoría cubierta existente, como un banco o un corredor de valores, seguiría dentro del alcance. Las empresas de criptoactivos no exentas también podrían enfrentar consultas sobre sus propietarios cuando sean clientes empresariales de bancos cubiertos.

El aviso indica por separado que FinCEN ha propuesto aplicar obligaciones de diligencia debida con clientes a los emisores autorizados de stablecoins de pago. Si esa propuesta separada se finaliza, estos cambios se aplicarían a esos emisores como categoría cubierta.

Se trata de una propuesta, no de una norma definitiva. Los comentarios vencen 60 días después de su publicación en el Registro Federal. La copia anticipada deja en blanco la fecha límite del calendario. Los comentarios pueden enviarse a través de Regulations.gov con el expediente FINCEN-2026-0298 o por correo. FinCEN propone que una norma final entre en vigor 90 días después de su publicación.